Alberto S.
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Tras la visita de un técnico a mi domicilio, donde se realizaron análisis y documentación en vídeo de las condiciones de la vivienda, se presupuestó de forma detallada la instalación del sistema de aire acondicionado.
Se especificaba la apertura del falso techo para canalizar la línea frigorífica con trazado recto y fijado; Sin embargo, evitaron esa apertura para ahorrar costes, perforaron un solo acceso y empujaron el tubo de cobre, sin fijación. Esta ejecución es inaceptable y peligrosa: cada curva extra aumenta pérdidas de carga, caídas de presión y fuerza al compresor. Además, al tratarse de gas R32 (A2L, inflamable), dejarlo serpenteando en el falso techo genera vibraciones, tensiones mecánicas y riesgo de microfugas o ignición.
La instalación eléctrica: Conectaron la nueva unidad al mismo circuito ya ocupado por otro split, usando una línea de 1,5 mm² insuficiente según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (ITC-BT-19 y BT-25). Esto implica sobrecarga constante, calentamiento (efecto Joule) y riesgo de incendio; El responsable ofreció corregirlo conforme a normativa solo con un pago extra de 150 € (posteriormente 100).
Evacuación de condensados: El presupuesto y nuestras conversaciones —WhatsApp— especificaban canalizarlo hasta la tubería del baño a solo 1,5 m del split. Sin embargo, el operario dijo tener órdenes de dejar el desagüe en el plato de ducha. Al contactar con el responsable, exigió 392 € + IVA adicionales para cumplir lo pactado. El resultado un agujero abierto en el falso techo dejando caer el agua a la ducha.
La empresa rehusó realizar la prueba de estanqueidad, obligatoria según el Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas (RSIF) y el RITE para verificar fugas en el circuito de gas inflamable. Tampoco entregaron el Certificado de Instalación Frigorífica, documento imprescindible para acreditar la legalidad y seguridad de la obra.
Su gestión comercial fue igual de lamentable: continuos retrasos, daños como la rotura de una persiana, incluso al notificarles que no iban finalizar la obra por manifiestas irregularidades, exigieron pagos para retirar sus materiales. Curiosamente, de todos los presupuestos solicitados a instaladores, este era el más caro, pero decidimos contratarlo por tener disponibilidad inmediata para iniciar la instalación.
Al solicitar la hoja oficial de reclamaciones me la negaron reiteradamente, obligándome a contactar con la Guardia Urbana, reflejando así una actitud obstruccionista y contraria a la normativa vigente, evidenciando, una vez más, un patrón persistente de actuaciones irregulares. Tras obtenerla, me dirigí nuevamente a la empresa para entregar mi dictamen técnico junto con la reclamación y solicitar su firma o sello oficial, requisito legal para su tramitación en Consumo. De nuevo se negaron a firmarlo, viéndome obligado a contactar con el 112 para solicitar la intervención de los Mossos. Durante ese tiempo, el propietario, reconoció varias irregularidades, ofreciéndome un descuento de 600 €, propuesta que rechacé.
Tras apenas 24 horas, el aparato presenta burbujeos e intensos olores intermitentes que nos han generado fuertes dolores de cabeza, evidenciando una instalación defectuosa la cual hay que evaluar de cero.
Tras lo vivido, nos genera TOTAL desconfianza que hayan visto nuestro espacio personal y familiar y sepan dónde vivimos, habiendo dejado constancia de ello en dependencias policiales.
Jamás había tenido que solicitar una hoja de reclamaciones.
Respuesta: No solo ha intentado cobrar dos veces por conceptos ya presupuestados —canalización de condensados, la conexión eléctrica, certificado de instalación—, sino que ha puesto en riesgo la seguridad de mi vivienda y familia con unas conexiones eléctricas inadecuadas y con el estado en que han quedado las tuberías de cobre, el cual transporta gas inflamable. Es la primera vez que tengo que parar una obra dadas sus irregularidades y la temeridad de la instalación. No solo nos veremos en Consumo si sigue por este camino: también nos veremos en los juzgados y en Industria.